El pleno del Congreso ha dado luz verde a los dos reales decretos-ley presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez para la moratoria tributaria a pymes y autónomos, y para la protección de las víctimas de violencia de género.
El primero de los decretos, el de aplazamiento tributario para pymes y autónomos, supondrá una inyección de cerca de 3.500 millones de euros a 3,4 millones de autónomos y pymes, puesto que el ingreso de los impuestos de abril no se efectuará ahora y se retrasa hasta el 20 de mayo.
En su intervención para presentar este real-decreto ley, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que esta medida forma parte del amplio paquete lanzado por el Gobierno para afrontar la crisis económica por el coronavirus. “El objetivo del Gobierno ha sido, en todo momento, proteger las rentas de las clases medias y trabajadoras y ayudar a los colectivos más vulnerables para que los efectos de la crisis sean los menores posibles y que nadie se quede atrás”, ha manifestado la también portavoz del Ejecutivo.
“Tenemos que ayudar a quienes, con su esfuerzo, levantan todos los días este país y contribuyen a su mantenimiento, a su fortaleza y a su progreso”, ha indicado la responsable de Hacienda para justificar las decisiones que ha adoptado el Gobierno en el terreno social, laboral y económico, entre otros ejes.
El objetivo del decreto aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por el Congreso consiste en establecer medidas “que dan un respiro a pymes y autónomos” en el ámbito tributario, mediante el aplazamiento de impuestos “más importante que ha habido en nuestra historia democrática” y que beneficiará a 3,4 millones de pymes y autónomos, que podrán aplazar todas las declaraciones de impuestos del mes de abril. Esta decisión representa un importe de 3.500 millones de euros, que redundarán en la liquidez de los beneficiarios. El pago de los impuestos aplazados se demorará hasta el 20 de mayo.
Montero ha avanzado que 626.800 contribuyentes han solicitado aplazar deudas tributarias a día de ayer, de los que 401.000 han sido aplazamientos de pagos para pymes y autónomos.
“Nunca antes un gobierno ha realizado una apuesta tan extensa y con tantos recursos dirigidos a un colectivo”, ha señalado Montero. Este nuevo paso dado por el Gobierno para atender los efectos del Covid-19 se une a otros previos, tales como, entre otros, la aprobación de una mayor flexibilidad laboral mediante los ERTEs reforzados, la disposición de recursos para garantizar la liquidez y medidas para la moratoria en el pago de hipotecas y aplazamiento del abono de otros suministros, la prestación extraordinaria en caso de cese de actividad y el aplazamiento en pagos de alquiler de locales.
La ministra ha recordado que cerca de un millón de autónomos podrá suspender el pago de sus facturas de luz o gas y abonarlas seis meses después, así como beneficiarse de moratorias específicas en los pagos de alquiler de sus establecimientos, que ha cifrado en 150.000 inmuebles de uso comercial y más de 70.000 de hostelería. También ha señalado que, hasta la fecha, más de un millón de autónomos ha solicitado la prestación extraordinaria de cese de actividad y más de 919.000 autónomos la han cobrado, y que el importe total ha sido de 671 millones de euros.
PATRICIA BLANQUER
La portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Patricia Blanquer, ha celebrado que “con este real-decreto ley, el Gobierno nuevamente responde ante las consecuencias de la crisis de manera gradual, con rigor ante las circunstancias y de acuerdo al momento de la evolución de una crisis en permanente cambio”.
Ha subrayado que el Gobierno “actuó con anticipación”, cuando dos días antes de la declaración del estado de alarma, el 12 de marzo en Consejo de Ministros, adoptaba ya la posibilidad de aplazamiento del pago de los impuestos por un periodo de seis meses, con tres meses sin pago de intereses de demora, que a efectos prácticos permitía retrasar el pago de los impuestos objeto de la norma que hoy se convalida hasta el mes de octubre, facilitando la inyección de liquidez al sistema.
“El gobierno está actuando con responsabilidad y prudencia, defendiendo el interés general”, afirmó la portavoz de Hacienda. “Conociendo los problemas, es decisión, análisis, adaptación y respuesta lo que está haciendo este Gobierno”. “Las críticas constructivas siempre son bienvenidas, porque enriquecen el debate”, dijo, pero lamentó la actitud que ha adoptado la derecha del Congreso. Para Blanquer, han perdido todo tipo de credibilidad, porque “parecen olvidar que fueron ustedes quienes, al mismo tiempo que subían el IVA a todos, realizaban una indecente amnistía fiscal a unos pocos”.
IGUALDAD
El otro decreto que ha recibido luz verde en el pleno ha sido el presentado por el Ejecutivo para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género durante el confinamiento, que se tramitará como proyecto de ley. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido la necesidad de proteger “de manera extraordinaria” a las víctimas de violencia de género y a sus hijos durante el confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus, ya que la convivencia de 24 horas con el agresor “exacerba los riesgos” de padecer conflictos y situaciones de violencia.
El real-decreto ley declara esenciales los servicios de atención a víctimas (como el 016 o los centros de emergencia y acogida, pisos tutelados y alojamientos seguros tanto para víctimas de violencia de género como de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual).
Con esta decisión, se permite el uso de hoteles y hostales para alojar a estas mujeres, se determina que todos esos centros dispongan de equipos de protección individual (EPI) para sus trabajadores y se garantiza el normal funcionamiento del sistema de seguimiento telemático de los agresores. Por último, habilita el mecanismo para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas puedan destinar la ejecución de los fondos del Pacto de Estado Para la Violencia de Género con el objetivo de que puedan poner en marcha las medidas específicas necesarias durante esta crisis.
ZAIDA CANTERA
La diputada socialista Zaida Cantera ha defendido que este real decreto-ley “tiende la mano a miles de mujeres que están sufriendo el confinamiento en compañía de su agresor”. Un texto que, para Cantera, supone una implementación de los mecanismos de protección contra las víctimas de violencia machista, ya que pone a su disposición más herramientas y servicios para que pidan auxilio y “no se sientan solas, para que no crean que la sociedad les da la espalda por la urgencia del virus”.
“La aprobación de este decreto debería de contar con el máximo consenso político porque la emergencia está también detrás de las paredes de muchos hogares, incluso en muchos que no están afectados por este virus”, recalcó la diputada socialista, quien pidió un ejercicio de empatía del conjunto de la Cámara para con las víctimas y sus entornos porque “la situación de confinamiento ha convertido las horas de convivencia con el agresor en una eternidad, en un infierno sin interrupción y sin respiro”.