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El PSOE valora el Ingreso Mínimo Vital como “un hito de la democracia y un instrumento esencial para reducir la pobreza”

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“Calculamos que entorno al 32% de la población de la Costa del Sol, unas 24.037 personas, podría solicitar el IMV: si queremos cohesionar socialmente nuestros territorios, esta medida es fundamental”, ha apuntado el secretario general del PSOE local y alcalde de Benalmádena, Víctor Navas

“La aprobación del IMV supone la pata que le faltaba al estado de bienestar, y nace con tres objetivos claros: erradicar la pobreza, una distribución más justa de la renta, y la inclusión social y laboral de las familias más necesitadas”, ha desgranado la diputada socialista Mariló Narváez

El secretario general del PSOE y alcalde de Benalmádena, Víctor Navas; la diputada del PSOE por Málaga, Mariló Narváez; la secretaria de Organización del PSOE local, María Isabel Ruiz; y el secretario de administración del PSOE de Benalmádena, Javier Marín, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa para poner en valor una de las medidas de índole social más relevantes e históricas de la democracia: la reciente aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

“Un país que se considera avanzando debe tener entre sus políticas de redistribución de la riqueza herramientas y ayudas para tratar de reducir la brecha social”, ha valorado Víctor Navas, que ha recordado que Alemania o los países escandinavos ya han puesto en marcha medidas así hace años.

“España, un país sacudido por una crisis económica terrible en 2008 y ahora de nuevo por la provocada por la pandemia de la covid-19, necesitaba este instrumento para reducir la pobreza”, ha valorado el secretario general.

“Y ha sido un gobierno progresista el que ha logrado este avance social, como ya sucedió con medidas como la Ley de Dependencia, poniendo los cimientos de otro de los pilares del bienestar”, ha destacado Navas.

“Es una medida que permitirá a las personas en riesgo de exclusión social el regreso al mercado laboral, mejorar su formación y retornar a la prosperidad”, ha subrayado.

“Calculamos que entorno al 32% de la población de la Costa del Sol, unas 24.037 personas, podría solicitar el IMV: si queremos reducir la pobreza y cohesionar socialmente nuestros territorios, esta medida es fundamental”, ha finalizado Navas.

“Esta es una medida tomada por el gobierno progresista para no dejar a nadie atrás: el PSOE ha estudiado la implantación de esta medida desde hace años, y la incluimos en nuestros programas electorales en 2015 y 2019”, ha recordado Narváez.

“La aprobación del IMV supone la pata que le faltaba al estado de bienestar, y nace con tres objetivos claros: erradicar la pobreza, amparando a 850.000 familias en riesgo de pobreza severa y a más de 500.000 niños y niñas; una distribución más justa de la renta, mejorando el sistema de protección de rentas mínimas garantizadas; y la inclusión social y laboral de las familias más necesitadas, ya que el IMV irá vinculado a itinerarios formativos y laborales”, ha desgranado la diputada.

“El IMV supondrá un gasto público de 3.000 millones de euros: es una prestación no contributiva de la Seguridad Social y no afectará al fondo de pensiones, como pretenden hacernos creer las derechas, porque se pagará vía impuestos y no vía cotizaciones de la Seguridad Social”, ha matizado Narváez.

Ser mayor de 23 años y menor de 65 (salvo si se tiene alguna persona menor dependiente a su cargo), acreditar que se lleva más de tres años fuera de la residencia familiar, cumplir con unos determinados niveles de renta anuales (5.538 por adultos y 12.184 euros por una familia de cuatro miembros), y tener una residencia legal continuada e ininterrumpida en España durante al menos un año (“no supone entonces un elemento de atracción de la inmigración ilegal, ha puntualizado la diputada) son algunos de los requisitos para acceder al IMV.

El plazo de solicitud del IMV irá del 15 de junio al 15 de septiembre, y se cobrará con carácter retroactivo desde el 1 de junio. La vía de solicitud será a través de la web de la Seguridad Social.

“Se ha pedido la colaboración del Ayuntamiento y los Servicios Sociales comunitarios para ayudar a las familias beneficiarias a tramitar las solicitudes”, ha apuntado la diputada.