El Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes la prórroga hasta el 31 de octubre de las medidas del llamado “escudo social”, con el objetivo de “proteger a los más vulnerables” de nuestra sociedad de los efectos de la pandemia, en lo relativo a suministros energéticos, protección de la vivienda y servicios esenciales de las víctimas de violencia de género.
Asimismo, y como ha explicado su portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, el Consejo de Ministros ha dado cumplimiento al anuncio que ya hizo el presidente del Gobierno en la Conferencia de Presidentes, autorizando la compra de 3,4 millones de dosis adicionales de la vacuna contra el Covid, que nos permitirán continuar en el primer puesto de vacunación a nivel internacional.
Rodríguez ha comenzado su comparecencia realizando una “valoración muy positiva” del “dato histórico” de bajada del desempleo registrado en julio, que pone de manifiesto que “este país no solo ha resistido, sino que ya estamos despegando en esa recuperación que es constatable” con datos objetivos. Es un “éxito” para una España que “no se dejó vencer por el virus” y que nos permite “armarnos, no para volver a la situación de partida, sino para que estemos aspirando a una recuperación y modernización del país” en la que, sin duda, el empleo es importante, afirmó.
Este dato positivo con el que termina el curso político, unido al incremento de la afiliación a la Seguridad Social en todos los sectores -también en los considerados estratégicos por el gobierno-, al descenso que continúa de los trabajadores acogidos a ERTE, y al incremento del PIB interanual en torno al 20%, “animan al optimismo, a la esperanza” y “se reflejan en la vida cotidiana de los españoles y españolas”.
En la rueda de prensa intervino también la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien informó de un importante “paquete verde”, además de destacadas medidas adoptadas en materia de transición energética e intervención en el sistema con el objetivo también de “aliviar el bolsillo de los consumidores”.
Se refirió a la aprobación de las reglas que rigen el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, que financiará proyectos del Plan de Recuperación relacionados con la transición a un modelo productivo y social más ecológico en materia de aguas, costas, cambio climático, prevención de la contaminación, residuos, meteorología y climatología.
También a la adopción de un programa para la rehabilitación energética de edificios existentes en municipios con menos de 5.000 habitantes y otro para el desarrollo urbano sostenible en estas localidades por valor de 75 millones de euros –ampliable a 150 millones- para proyecto de reducción de consumo energético en edificios públicos, instalaciones de generación eléctrica renovables, instalaciones de generación térmica renovables, reducción de contaminación lumínica y movilidad sostenible.
Y en cuanto a la necesidad de paliar los efectos en el incremento de la factura eléctrica, Ribera anunció una nueva reforma encaminada a abaratarla como es la aprobación de un proyecto de ley para actuar sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. Se trata de una norma que será tramitada por vía de urgencia y cuyo efecto en los hogares y pymes se traducirá en que paguen cuando entre vigor un 2,5% menos.