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El PSOE de Andalucía se moviliza para dejar claro que las nuevas leyes sociales del Gobierno de Susana Díaz «sitúan a las personas en el centro de su acción política»

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El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE andaluz, Francisco Conejo, ha anunciado esta mañana que los socialistas de Andalucía iniciarán una ronda de contactos con colectivos sociales por toda la región para explicar las últimas medidas de la Junta de Andalucía en materia social y dejar claro que «el Gobierno de Susana Díaz es referente en materia social, está a la vanguardia del Estado del Bienestar y ha situado a las personas en el centro de su acción política»

En este sentido, Conejo ha destacado que bajo la campaña «Conquistando Derechos», los y las socialistas recorrerán las ocho provincias andaluzas para explicar la puesta en marcha de tres nuevas leyes del Gobierno andaluz de fuerte calado social, la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Atención a la Discapacidad y la Ley de Renta Mínima de Inserción. «Los y las socialistas demostramos con hechos que otra forma de hacer política es posible y que considera que pasado los momentos más duros de la crisis ha llegado el momento de conquistar derechos», ha añadido.

Así, el dirigente socialista ha hecho referencia a la reciente entrada en vigor de la Renta Mínima de Inserción Social desde el pasado 1 de enero, con la que el gobierno andaluz «combate la desigualdad y la precariedad que han traído la crisis económica y la reforma laboral del Gobierno central». La nueva renta mínima es una prestación garantizada y concebida como instrumento para la inserción social y laboral y de lucha contra la pobreza, la desigualdad y la marginación. Se estima que ofrecerá cobertura en Andalucía a más de 45.000 unidades familiares y beneficiará a unas 120.000 personas y contará con una dotación total de 819 millones de euros, 198 millones en 2018.

«Se trata de un nuevo modelo de atención y cobertura social para quienes más lo necesitan, como son menores, familias monomarentales y monoparentales o las mujeres víctimas de violencia de género. «Es una prestación que oscilará entre los 419,52 y los 779 euros mensuales, unos ingresos que se complementarán siempre con un plan de inclusión, inserción laboral y social, y que se podrán percibir por un periodo de doce meses, prorrogables cada seis meses mientras se reúnan los requisitos necesarios para su percepción», ha explicado Conejo.

De forma paralela, el responsable socialista ha detallado la nueva Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, «que nace para dar respuesta a la realidad, necesidades, retos y objetivos al que día a día se enfrenta el 10% de la población andaluza y que contará con una inversión de 1.300 millones de euros», ha dicho. Solo en la región, el número de personas en Andalucía con un grado de discapacidad superior o igual al 33% es de 591.872. 300.232 hombres y 291.640 mujeres. «Estamos hablando de un colectivo con un tasa de actividad del 33,4%, 41 puntos por debajo de la población sin discapacidad y que sufre una tasa de paro más alta», ha afirmado.

Por ello, con esta nueva norma, el Gobierno de Susana Díaz se revisa el concepto de discapacidad y se reorientan las actuaciones públicas, desde un modelo biosanitario y rehabilitador a un modelo social basado en las capacidades. Además, esta ley incorpora la perspectiva de género y reacciona a la situación de mayor discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad, incorporando un Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad de Andalucía, así como programas de prevención y atención de la violencia de género.

«La ley nace con compromisos concretos ya que en un año tendrán que estar en marcha tres planes como son el Plan de Acción Integral, un Plan de Empleo y un Plan Integral para Mujeres con Discapacidad», ha precisado Conejo. Otros ámbitos que también toca la nueva ley es la educación inclusiva, permanente y de calidad como la adaptación al braille de los recursos educativos escritos o la adaptación descriptiva en audio, acciones de prevención del acoso escolar, el absentismo y del abandono escolar temprano, o la aprobación de un plan especial de accesibilidad obligatorio para las universidades andaluzas.

Para promover la igualdad de oportunidades, se mantiene en vigor el Plan de Empleo de Personas con Discapacidad, por el que se reservan plazas en las ofertas de empleo público y en las bolsas de trabajo temporal, con un cupo no inferior al 10%, y se organizarán cursos de formación para el empleo y se reservará, al menos, el 5% de plazas en los programas de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.

En el ámbito del transporte público, esta ley incorpora medidas como el bonotaxi para quienes no puedan por su discapacidad utilizar el transporte público, o en las viviendas para la promoción de la autonomía personal, con tecnología como videoporteros para personas con discapacidad auditiva o viviendas sin distribución interior para su adaptación a necesidades específicas.

Por último, la Ley de Servicios Sociales, base del cuarto pilar del Estado del Bienestar, nace para blindar las prestaciones básicas, universalizar los servicios sociales y garantizar la gestión pública de los servicios sociales comunitarios. «Es una norma que marca como objetivo que la administración sea más cercana, más eficaz y más eficiente, y que brinde una atención integral y coordinada a las personas que accedan al sistema público de servicios sociales», ha explicado.

Al mismo tiempo, fortalece las prestaciones con la creación de un catálogo que regula las prestaciones garantizadas y las condicionadas, y potencia los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento, la teleasistencia, la atención en urgencia social o los servicios específicos de protección de menores en situación de riesgo o desamparo, las prestaciones económicas contra la exclusión y prestaciones por dependencia, entre otros. Quiero poner en valor que la Junta de Andalucía destinó en el ano 2017 en materia de servicios sociales un total de 39,4 millones de euros a los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales, que son a su vez son las que atienden a los municipios menores de 20.000 habitantes. Son 39,4 millones de euros de la Junta de Andalucía frente a los 7,7 millones que destinó el Gobierno de España», ha destacado.

«Frente al Gobierno de Mariano Rajoy incapaz de que las grandes cifras macroeconómicas se traduzcan en pequeñas mejoras para los ciudadanos en su día a día, sobre todo para los que peor lo han pasado y lo están pasando, frente al gobierno de los recortes que envió a Andalucía al aprendiz de Rajoy, el señor Moreno Bonilla, el brazo ejecutor de las políticas sociales en España, que lo mandaron para acá una vez arrasó con la Dependencia, frente a esa derecha insensible, en Andalucía tenemos un Gobierno como el de Susana Díaz social, sensible y comprometido con las personas», ha concluido.

Por su parte, la senadora y vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima, ha afirmado que el Estado de Bienestar «es el gran patrimonio de Andalucía y el Gobierno socialista ha demostrado que otra forma de hacer política era posible en los momentos más duros de la crisis. Ahora ha llegado el momento de dar un nuevo paso adelante y avanzar más».

Para Lima, la puesta en marcha de las tres nuevas leyes, «generan confianza, seguridad y tranquilidad para los sectores de población más vulnerables. Ésta es la legislatura de la esperanza en un futuro mejor, donde todos y todas tenemos el derecho a tener más derechos», ha dicho.

«Una apuesta por la que los socialistas seguimos conquistando derechos. El objetivo de esta campaña, que pivota sobre estas tres leyes, no es otro que los ciudadanos conozcan de primera mano y explicarles los avances sociales para reforzar el Estado del Bienestar por los que se ha apostado desde el Gobierno andaluz, y sepan que pueden hacer uso de ellos en sus vidas», ha concluido.