El PSOE sostiene que, una vez en el gobierno, el alcalde Juan Antonio Lara y su equipo habrían favorecido “presuntamente” la exoneración del canon a determinadas embarcaciones.

La portavoz socialista, Sandra Ochoa, ha recordado que en el actual mandato “acumulan diversas controversias judiciales, entre ellas un presupuesto municipal cuestionado en los tribunales, múltiples demandas por falta de transparencia, el ‘Caso Legionella’ y ahora la situación del Puerto Deportivo”

El secretario general del PSOE de Benalmádena, Victor Navas; y la concejala y portavoz del PSOE de Benalmádena, Sandra Ochoa; han valorado positivamente la decisión de la Audiencia Provincial de estimar el recurso presentado y reabrir la investigación sobre la gestión del Puerto Deportivo por posibles delitos de prevaricación y malversación.

Los hechos denunciados por los socialistas se remontan al periodo posterior a las elecciones municipales de mayo de 2023, coincidiendo con el cambio de gobierno local. Durante el anterior mandato, el equipo socialista impulsó un proceso de regulación de la actividad de las embarcaciones de recreo (chárteres) en el Puerto Deportivo, que hasta ese momento se desarrollaba sin control efectivo por parte de la administración.

Desde el PSOE recuerdan que dicha regulación implicaba el pago de un canon anual por la prestación de servicios, lo que generó rechazo en parte del sector. “Era previsible que hubiera resistencia, pero lo que no esperábamos es que el Partido Popular alentara denuncias penales que finalmente fueron archivadas por falta de pruebas”, ha señalado Víctor Navas.

Según los socialistas, el PP convirtió esta cuestión en una “causa política”, llegando incluso a “supuestamente exonerar” de dichas obligaciones en caso de acceder al gobierno municipal, algo que «supuestamente» ocurrió tras los comicios de 2023.

El PSOE sostiene que, una vez en el gobierno, el alcalde Juan Antonio Lara y su equipo habrían favorecido “presuntamente” la exoneración del canon a determinadas embarcaciones. Para ello, señalan, el Puerto Deportivo habría contratado como asesora a la misma abogada que meses antes había denunciado la regulación impulsada por el anterior equipo de gobierno, lo que, a su juicio, plantea dudas sobre posibles incompatibilidades.

Estos hechos dieron lugar a dos líneas de investigación judicial: una relacionada con la posible incompatibilidad en la contratación de dicha abogada, y que continúa en los juzgados, y otra centrada en un presunto delito de prevaricación por parte del actual equipo de gobierno en la gestión de las exoneraciones. Es esta última causa la que ahora ha sido reabierta.

“Esta decisión judicial vuelve a poner en evidencia las formas de gobernar del señor Lara y su equipo”, ha valorado Sandra Ochoa, que ha recordado que en el actual mandato “acumulan diversas controversias judiciales, entre ellas un presupuesto municipal cuestionado en los tribunales, múltiples demandas por falta de transparencia, el ‘Caso Legionela’ y ahora la situación del Puerto Deportivo”.

Por todo ello, Sandra Ochoa y Víctor Navas han exigido al alcalde “explicaciones claras e inmediatas ante unos hechos de extrema gravedad que afectan a la gestión de los recursos públicos”.